Bogotá, 13 de enero de 2026. Ante la circulación de información imprecisa y descontextualizada publicada en algunos medios de comunicación y redes sociales sobre la formalización laboral y el rediseño institucional del Ministerio de Salud y Protección Social, esta cartera considera necesario hacer una aclaración pública firme y responsable frente a los hechos y al marco legal que sustenta este proceso. En particular, es necesario reiterar que este rediseño institucional se realiza a costo cero para la Entidad, conforme a la ley, y no implica la asignación de recursos adicionales.
El rediseño institucional del Ministerio no corresponde a una decisión improvisada. Se trata de un proceso técnico riguroso iniciado en el año 2024, fundamentado en un análisis detallado de la carga laboral y de las actividades recurrentes que, durante años, han sido cubiertas de manera precaria mediante contratos de prestación de servicios. A partir de este estudio técnico se determinó la necesidad de formalizar más de 400 cargos en la planta de personal, con el propósito de reducir la dependencia de contratistas y responder a una realidad estructural del funcionamiento del Ministerio.
Es importante señalar que las afirmaciones que presentan este proceso como un aumento desproporcionado del gasto público, en medio de lo que se plantea como una “crisis del sistema”, carecen de sustento técnico. El costo proyectado de la formalización laboral es austero, está respaldado por estudios rigurosos y, conforme a la ley, se estima a costo cero, lo que significa que no implica recursos adicionales para la Entidad. Insistir en lo contrario desconoce los hechos y contribuye a desinformar a la ciudadanía.
La formalización laboral no solo es legítima, sino obligatoria. Este proceso se adelanta en cumplimiento de los pronunciamientos de la Corte Constitucional, en particular las sentencias C-614 de 2009 y C-171 de 2012, y en desarrollo de los objetivos establecidos en el artículo 82 del Plan Nacional de Desarrollo – Ley 2294 de 2023. Se trata de un mandato del legislador orientado a garantizar derechos laborales fundamentales y a superar prácticas de precarización dentro del Estado, sin generar costos adicionales para la Entidad.
Adicionalmente, este proceso cuenta con el concepto de viabilidad presupuestal emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio fechado el 31 de diciembre de 2025, en el cual se concluye que la modificación de la planta de personal del Ministerio de Salud y Protección Social es fiscalmente viable, en tanto los costos asociados se encuentran previstos dentro del presupuesto de funcionamiento de la vigencia 2026 y no implican la asignación de recursos adicionales ni un impacto fiscal distinto al ya aprobado.
Adicionalmente, el rediseño institucional responde a las legítimas necesidades de los empleados públicos de la planta del Ministerio, quienes requieren condiciones laborales dignas y justas, incluyendo la nivelación salarial. Este proceso permite avanzar hacia una administración pública más estable y menos dependiente de esquemas de contratación temporal, sin impacto fiscal adicional, en coherencia con el marco legal vigente.
Desde 2011, año en que se definieron los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social, el país ha expedido múltiples leyes que han ampliado sustancialmente sus competencias y funciones. Pretender que el Ministerio asuma estas nuevas responsabilidades sin ajustar su planta de personal es técnicamente inviable y compromete el cumplimiento de sus fines misionales, aun cuando dicho ajuste se realiza a costo cero.
Es claro que la formalización laboral y el rediseño institucional fortalecen la capacidad del Ministerio para ejercer su rol como cabeza del sector salud y para garantizar el derecho fundamental a la salud de los colombianos. Este proceso no debilita al sistema; por el contrario, lo robustece desde lo institucional y lo público, sin generar cargas adicionales al presupuesto.
La discusión sobre la salud en Colombia exige seriedad, rigor y responsabilidad política. Por ello, esta cartera precisa que convertir un proceso técnico y legal, ejecutado a costo cero, en un relato de escándalo mediático no contribuye a resolver los problemas estructurales del sistema ni a garantizar los derechos de los ciudadanos. El país merece debates basados en hechos, no en distorsiones.
El Ministerio de Salud y Protección Social reitera su compromiso permanente con la ciudadanía y con la garantía del derecho fundamental a la salud, y hace un llamado a los medios de comunicación y a la opinión pública a informar con rigor, responsabilidad y apego a los hechos verificables, evitando la difusión de versiones imprecisas que distorsionan procesos técnicos y legales de interés para todos los colombianos.
Colombia tiene quien la cuide